
Mónica García y su equipo han presentado un anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios que hará historia al legalizar el secreto sobre lo que cuesta cada nuevo medicamento pagado con dinero público. El Ministerio proclama su compromiso con la ciudadanía, mientras redacta una norma que oculta de forma explícita toda información sobre los acuerdos económicos con las farmacéuticas. El anteproyecto ha acumulado cerca de 400 alegaciones, y la heterogeneidad del malestar es notable, con médicos, farmacéuticos, enfermeros, asociaciones de biosimilares y organizaciones del propio sector enviando propuestas críticas con el texto. El documento afirma que se mejora la transparencia, pero al mismo tiempo declara que los acuerdos específicos y los precios reales no se harán públicos. La ley no representa un paso hacia la modernización, sino una regresión disfrazada de reforma.