
Un juzgado de Ávila investiga a dos trabajadores de la cárcel de mujeres de Brieva por un posible delito de cohecho tras mantener presuntamente relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018, a cambio de facilitarle un teléfono móvil. Los dos trabajadores implicados son un funcionario y otro personal laboral, que ya han dejado de trabajar en el centro penitenciario. La investigación comenzó hace casi un año por parte de la Guardia Civil a raíz de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al asesinato.