
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, denuncia la situación de desamparo y desprotección institucional y judicial en relación con la condenada Ana Julia Quezada, quien usaba móviles en prisión y colaboraba en un documental sobre el asesinato. Un teléfono móvil de Quezada fue encontrado en el domicilio de un funcionario después de un chivatazo sobre un posible cacheo. Dos trabajadores de la prisión de Brieva están siendo investigados por cohecho. Ramírez denuncia que Quezada sigue intentando grabar documentales y que existen movimientos de dinero entre funcionarios y la pareja de la condenada.