Las protestas antisemitas durante la Vuelta Ciclista a España culminaron en un caos que obligó a suspender la última etapa. Los ataques a ciclistas y organizadores fueron recurrentes, espoleados por agresiones verbales del Gobierno contra Israel. El presidente del Ejecutivo socialcomunista, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostraron apoyo a los radicales, asegurando que las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, 22 policías resultaron heridos por los ataques de los manifestantes. Los sindicatos policiales arremetieron contra Sánchez y Marlaska, denunciando que las órdenes políticas favorecieron a los radicales y dejaron abandonados a los agentes. El operativo de seguridad fue decidido por intereses políticos, no técnicos, lo que sacrificó la seguridad de agentes y ciudadanos. La imagen de familias huyendo de la batalla campal desatada por agitadores antijudíos fue condenada por la policía, que considera la obsesión antijudía de Sánchez un problema de seguridad ciudadana.