El abogado general de la UE, Dean Spielmann, ha emitido un informe no vinculante en el que avala la ley de amnistía aprobada en 2024, considerando que no es una autoamnistía y que es compatible con la legislación comunitaria sobre malversación y terrorismo. La ley de amnistía se aprobó en un contexto de reconciliación política y social, y no se aprecian violaciones graves de derechos humanos. El informe también destaca que el dinero público desviado para financiar el procés no afectó a los intereses financieros de la UE. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tendrá la última palabra sobre la ley de amnistía. La Comisión Europea había mostrado su crítica a la ley, considerándola una autoamnistía. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue en Bélgica, donde huyó en 2017. El Tribunal Constitucional también avaló la ley de amnistía en junio, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló la decisión del Supremo que dictó prisión preventiva para los impulsores del procés. La ley de amnistía se aprobó con un plazo de dos meses para comprobar su aplicación, lo que el abogado general considera puede ser demasiado corto. El informe no cuestiona los grandes pilares de la ley de amnistía, pero sí muestra reparos técnicos sobre su tramitación.