El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de 190,7 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de cubrir programas de atención humanitaria y protección internacional. Esto forma parte de un incremento total de 381,4 millones de euros respecto a lo previsto. La mitad de este aumento se cargará a la anualidad de 2026. Mientras tanto, los sindicatos policiales denuncian la falta de recursos y personal en los cuerpos de seguridad, lo que contrasta con el esfuerzo económico destinado a la inmigración. Los ayuntamientos también se enfrentan a la misma situación, con plantillas de policía local congeladas y una creciente inseguridad en barrios de grandes ciudades. El Ejecutivo defiende sus decisiones, argumentando que España debe cumplir con compromisos internacionales en materia de refugio y protección. Sin embargo, la ciudadanía percibe una realidad diferente, con calles cada vez menos seguras y barrios donde la violencia se multiplica. La oposición critica la falta de equilibrio en el gasto público y exige que se priorice la seguridad y se refuercen las plantillas policiales.