El Gobierno de España ha anunciado que más de 2,3 millones de personas, repartidas en 764.905 hogares, reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en agosto de 2025, lo que supone un incremento del 17,8% respecto al año anterior. El IMV se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del Gobierno para generar oportunidades reales que permitan a los ciudadanos salir de la precariedad. El 41% de los beneficiarios son menores, lo que evidencia que la pobreza infantil se enquista en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el IMV es una palanca para impulsar la mejora económica y la calidad de vida de las familias en extrema necesidad. Sin embargo, el aumento del 17,8% en el número de beneficiarios no es un éxito, sino un fracaso estrepitoso de las políticas económicas y sociales del Gobierno. El Gobierno debería estar diseñando un plan urgente para revertir esta tendencia, en lugar de celebrar el aumento de la dependencia del Estado.