El Gobierno ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible en el Pleno del Congreso de los Diputados con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones. La ley, presentada por el Ministerio de Transportes, es uno de los compromisos exigidos por Bruselas para que España pueda recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos. El Partido Popular votó en contra del texto, considerándolo 'intervencionista y recaudatorio', y denunció que la ley 'vuelve a castigar al automóvil, al transporte privado y a las familias trabajadoras que necesitan el coche para desplazarse'. La ley obliga al Ejecutivo a revisar el actual sistema de etiquetas medioambientales de la DGT bajo el criterio del CO₂, lo que podría penalizar injustamente a miles de vehículos diésel modernos y a las clases medias que no pueden permitirse cambiar de coche cada pocos años. La norma también establece criterios homogéneos para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, lo que el PP considera un ataque directo a la autonomía local. El cambio de voto de Podemos fue decisivo para salvar el texto, y el PP ha anunciado que presentará enmiendas en el Senado para limitar la intervención del Gobierno en competencias municipales y proteger al sector del automóvil.