Yolanda Díaz lanza una negociación con patronal y sindicatos para endurecer los despidos improcedentes en España. El Ministerio de Trabajo busca reformar la legislación actual de indemnizaciones tasadas, que no es disuasoria para las empresas ni restaura el perjuicio a los trabajadores afectados. La Carta Social Europea establece que los trabajadores despedidos sin razón válida tienen derecho a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha fallado en contra de la legislación española en dos ocasiones, en 2024 y 2025, considerando que el sistema de indemnización no es reparativo ni disuasorio. La negociación se centrará en encontrar medidas que compensen en mayor medida a los trabajadores y sean más disuasorias para las empresas. La CEOE y Cepyme se oponen a cualquier reforma que aumente los costes laborales, mientras que los sindicatos UGT y CCOO buscan un aumento de las indemnizaciones. La reforma laboral de 2021 endureció las condiciones de contratación temporal, lo que ha llevado a un aumento de los contratos indefinidos y, por tanto, a un aumento de los costes laborales para las empresas. La indemnización por despido improcedente asciende a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.