Un juzgado de Pontevedra ha autorizado a la Xunta a demoler dos viviendas ilegales en la costa de Cangas, construidas en 1993. La sentencia establece que no hay plazo que pueda salvar a estas construcciones de la demolición, ya que se encuentran en zona de protección de costas. Las viviendas están a entre 27 y 52 metros tierra adentro desde la ribera del mar, dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia ordenó el derrumbamiento en 2022. La sentencia se apoya en la Ley de Costas de 1988 y normas de la Unión Europea, y establece que la obligación de reponer físicamente los terrenos prevalece sobre el derecho de propiedad y los intereses económicos de los autores del ilícito. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.