El proceso original comenzó en 2021 y se centró en la inversión fallida de 350 millones de euros en una propiedad en Londres. La fiscalía acusó a intermediarios y monseñores de estafar a la Santa Sede y luego exigir 15 millones de euros para ceder el control del inmueble. El cardenal Angelo Becciu fue condenado por malversación tras desviar fondos del Vaticano hacia una organización benéfica de su hermano y pagar sumas a un supuesto analista de seguridad. Recibió cinco años y medio de prisión. Otros ocho acusados fueron sentenciados por delitos como abuso de poder y fraude, aunque fueron absueltos de varios cargos. Todos recurrieron las condenas. El lunes comenzará el juicio de apelación, que podría ser aún más explosivo. Desde la primera sentencia se han hecho públicos miles de mensajes de texto y audios de WhatsApp entre los implicados, en los que aparecen referencias al Papa Francisco, a la fiscalía y a posibles presiones internas. El papa argentino firmó decretos en 2019 y 2020 que otorgaron a los fiscales amplias facultades de investigación, incluidas escuchas telefónicas. Ahora, los mensajes publicados sugieren que su rol fue aún mayor: prestó ayuda personal a Perlasca y mantuvo contacto directo con él en momentos clave de la pesquisa.