El gobierno de Sánchez planea obligar a empresas con más de 250 empleados a atender a clientes en catalán. Esta medida ha generado sorpresa y críticas, ya que se considera surrealista y poco práctica. Se argumenta que si se fundamenta en el derecho de los catalanes a hablar su lengua materna, entonces también deberían tener ese derecho en empresas más pequeñas, como panaderías familiares. Además, se cuestiona por qué solo se prioriza el catalán y no otras lenguas cooficiales como el gallego o el vasco. La medida se ve como un intento desesperado de Sánchez por mantener el poder, aprobando leyes que pueden ser ilegales o impracticables.