El gobierno de PSOE y Sumar ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modifica el procedimiento de instrucción judicial vigente en España. La reforma arrebata a los jueces las labores de instrucción penal para entregárselas a la Fiscalía, que también dirigirá las pesquisas de la policía judicial. La aplicación de la reforma no será retroactiva y entrará en vigor en 2028. El proyecto inicial había generado críticas por su posible aplicación a procesos en curso, incluyendo los de familiares y excolaboradores de Pedro Sánchez. La reforma ha sido criticada por no buscar el consenso de la carrera judicial y la fiscal, y por no dotar a los organismos de los recursos técnicos y humanos necesarios para implementarla. El pasado mes de mayo, todas las asociaciones de jueces y fiscales reclamaron la retirada del proyecto. La reforma judicial repite los fallos de diseño de iniciativas fallidas previas y no se dan las circunstancias para abordar con serenidad una reforma del procedimiento de instrucción que podría dañar la credibilidad de la Justicia en España.