El Consejo de Ministros aprobará el martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llamarse Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim). Esta reforma traslada la dirección de las investigaciones penales a los fiscales, función que hasta ahora recaía en los jueces instructores. La Loecrim introduce una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y limita la acusación popular. El Gobierno prevé que la Loecrim se apruebe en esta legislatura y entre en vigor el 1 de enero de 2028. La reforma tiene 1.023 artículos y persigue modernizar la justicia penal y agilizar los procesos judiciales. El cambio de modelo ha sido una constante promesa en la agenda de la Justicia desde hace más de una década. La nueva Loecrim impedirá que partidos políticos y sindicatos puedan ejercer la acusación popular. La medida sigue el criterio del Tribunal Supremo, que ha pedido limitar esta práctica. La transición al modelo europeo marcará una nueva etapa en la relación entre poder judicial, Ministerio Público y política.