Pedro Sánchez comienza el curso político con la preocupación de que los socios le obliguen a hablar de corrupción en el Congreso antes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Diputación Permanente, compuesta por 68 diputados, votará sobre varias propuestas del PP, incluyendo una que solicita la comparecencia de Sánchez para rendir cuentas sobre la corrupción que afecta al Gobierno, su familia y al PSOE. La composición de la Diputación Permanente es de 27 asientos para el PP, 24 para el PSOE, seis para Vox, seis para Sumar y uno para los socios del Ejecutivo. Si el PP y Vox consiguen el respaldo de dos socios, Sánchez podría verse obligado a dar explicaciones sobre la corrupción en septiembre, lo que alteraría la hoja de ruta del Ejecutivo. Además, se solicita la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre temas relacionados con la corrupción y la seguridad.