El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que el catalán tenga rango de facto como lengua oficial en todos los servicios de atención al cliente de grandes empresas, sin importar su ubicación en el país. Esto se debe a las enmiendas al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, que impondrá obligaciones a compañías con más de 250 trabajadores o 50 millones de euros de facturación anual. Los servicios básicos de interés general, como eléctricas, gas, agua, telecomunicaciones, transporte ferroviario y aéreo, autobuses, servicios postales, banca, aseguradoras e incluso plataformas audiovisuales de pago, deberán garantizar que los clientes sean atendidos en catalán siempre que lo soliciten. Junts per Catalunya ha celebrado este acuerdo, considerándolo un 'giro radical' y un 'cambio de paradigma' en la política lingüística española. El acuerdo se produce en un momento de máxima tensión en la relación entre Puigdemont y Moncloa, y es visto como una maniobra de supervivencia política por parte de Sánchez.