Grecia extiende el veto a las solicitudes de asilo para inmigrantes del norte de África, con más de 9.000 personas llegadas por mar en 2025, 2.000 solo en los últimos días en Creta. El Gobierno griego, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, prepara un paquete legislativo que impone penas de hasta cinco años de prisión para quienes ingresen ilegalmente, excluyendo a aquellos que demuestren huir de conflictos armados reales. El ministro de Migración, Thanos Plevris, afirma que 'ya nadie en Europa cree en las fronteras abiertas ni en recibir a inmigrantes ilegales con flores'. La medida ha generado críticas de organizaciones no gubernamentales y la Unión Europea, que acusan a Grecia de violar el derecho internacional al asilo. Atenas defiende su postura como una cuestión de seguridad y soberanía nacional, con el respaldo de la Comisión Europea. Grecia planea crear centros de detención especiales para gestionar estas llegadas, principalmente desde Libia, y los inmigrantes cuya solicitud de asilo sea rechazada enfrentarán prisión o repatriación.