El Gobierno ha ordenado a todos los ministerios que dejen de trabajar con compañías israelíes y las sustituyan por proveedores de China. Esta decisión se ha tomado sin criterios de mercado y ha generado críticas por la creciente sumisión del Ejecutivo a los dictados de Pekín. La medida afecta a todos los contratos públicos y se ha filtrado como una instrucción directa desde Moncloa. La oposición ha señalado que la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno se convierte en papel mojado cuando la alternativa a Israel es un régimen señalado por censura, represión y explotación laboral. El Ejecutivo argumenta que se trata de una decisión pragmática en el marco de la crisis de Oriente Medio, pero la realidad apunta a otra dirección: convertir la política exterior en una moneda de cambio que refuerce el papel de Sánchez como socio preferente de Pekín en Europa. Los proveedores españoles podrían haber asumido la carga de trabajo, pero ahora se les cierra la puerta mientras se la abren de par en par a Pekín.