El Gobierno de Pedro Sánchez amenaza a las comunidades autónomas del PP con recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado para forzarlas a aceptar el reparto de menores inmigrantes no acompañados, mientras que Cataluña y el País Vasco están exentas de este reparto. La crisis de los menas es consecuencia directa de las políticas del Gobierno, que incluyen una falta de medios para controlar las fronteras y una diplomacia que favorece la inmigración de personas sin cualificación. Las administraciones regionales han recurrido al Tribunal Constitucional y al Supremo en contra de la imposición del Gobierno. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido criticado por su amenaza de recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La cogobernanza del Ejecutivo con las autonomías es cuestionada por su negativa a negociar alternativas. La situación ha llevado a una crisis en la que las comunidades autónomas se niegan a asumir la ineptitud del Gobierno.