La corrupción en la administración pública es un problema que involucra a empleados públicos que, aunque tienen garantizada su condición vitaliciamente, se pliegan a ejecutar o consentir conductas ilegales. Esto puede deberse a la incomodidad de negarse a ejecutar órdenes, la indolencia o la falta de protección para denunciar. En casos como la adjudicación de contratos públicos, la provisión de plazas en entes públicos o el mantenimiento de personas en residencia oficial sin condición jurídica, son decenas los empleados públicos que intervienen. La falta de controles morales y la ausencia de incentivos para denunciar permiten que la corrupción persista. Ejemplos como la estancia prolongada de Azagra y su familia en la Moncloa o la creación de empleos en administraciones locales para favorecidos políticos, muestran cómo la corrupción se produce en diferentes ámbitos territoriales y funcionales. La participación de empleados públicos es necesaria para que la corrupción se lleve a cabo, y su silencio cómplice es fundamental para que se mantenga. La pregunta es por qué estos empleados públicos no actúan contra la corrupción, y la respuesta se encuentra en la falta de protección y los riesgos que conlleva denunciar. La corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos y no solo a la Administración del Estado.