La medida pactada por PSOE y Junts para obligar a las empresas a prestar servicios de atención al cliente en catalán ha generado indignación en el tejido empresarial español. La medida afectaría a empresas con 250 o más empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, lo que supondría un aumento de costes y cargas burocráticas. El vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, estima que la medida supondría una subida del 1,5% de los costes laborales para una empresa de 250 trabajadores. Las organizaciones empresariales consideran que la medida es innecesaria, ya que muchas empresas ya ofrecen atención en catalán de manera voluntaria, y que supondría una carga desproporcionada para las pymes y los autónomos. El director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Antonio Barderas, considera que la medida es inconstitucional y que vulnera la libertad de empresa. La Cámara de Comercio de España advierte que la medida podría menoscabar la competitividad de las empresas. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de España, José Manuel González, considera que la medida es una prueba de que la política y la realidad económica siguen cursos diferentes.