El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara en el Tribunal Supremo por desvelar datos personales de un ciudadano anónimo, pareja de un rival político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juicio es insólito ya que es la primera vez que se juzga a un fiscal general en ejercicio y porque se ha negado a sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ejercen de facto como defensores de García Ortiz en vez de velar por el interés general. Sánchez ya ha dictado sentencia pública antes de que lo hagan los siete jueces del Supremo, afirmando que su fiscal general es inocente. El caso plantea dudas sobre el uso partidista de los recursos del Estado y la posible conspiración contra ciudadanos particulares. El fiscal Julián Salto investigó las presuntas irregularidades fiscales de la empresa de González Amador y elevó la propuesta de denuncia por fraude. Los técnicos de Hacienda denuncian que las inspecciones del Fisco se centran en particulares, autónomos y pymes, pero no sobre los grandes evasores. El Gobierno ha incumplido la obligación constitucional de presentar Presupuestos durante 773 días y ha indultado a políticos condenados por malversación.