El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado el traslado de más de 1.000 menores inmigrantes que llegaron de forma irregular a Canarias hacia la Península. La medida busca priorizar a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, muchos de ellos procedentes de Malí, e incluye también a niñas y adolescentes. El Consejo de Ministros aprobó una inversión de 40 millones de euros para habilitar 1.200 plazas en la Península, de las cuales 750 estarán bajo la gestión del Ministerio de Migraciones. La previsión es organizar dos envíos semanales de entre 15 y 20 menores, salvo en la primera operación, que será de 10. El traslado de una patera rumbo a Canarias supone un gasto aproximado de entre 30.000 y 40.000 euros por operación. La asociación Engloba, junto con la Fiscalía, realiza un análisis individual de cada caso antes de decidir cada traslado.