La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido disculpas por el ruido generado en torno a la seguridad de las supervivientes de maltrato, en lugar de asumir responsabilidades por los fallos en las pulseras antimaltrato. Los fallos afectaron al 1% de las mujeres, lo que equivale a 46 casos. La Fiscalía desveló que la migración de datos entre servidores tras el cambio de contrato provocó incidencias que, en algunos casos, derivaron en absoluciones a agresores. Redondo ha anunciado una investigación exhaustiva a la UTE Vodafone-Securitas España, actual adjudicataria del contrato hasta 2026. El Senado ha aprobado una moción del Partido Popular exigiendo la dimisión de Redondo. La ministra insiste en que el sistema funciona con total normalidad y enmarca el escándalo en un contexto de política destructiva por parte del Partido Popular.