El programa de electrificación rural en Senegal, impulsado por la empresa española AEE Power y financiado por CESCE y el Banco Santander, enfrenta un conflicto judicial. El proyecto, que tenía como objetivo llevar electricidad a un millar de aldeas rurales, recibió un anticipo de 56 millones de euros en la primavera de 2024. Sin embargo, la empresa española rompió con su socio senegalés, AEE Power Senegal, y asumió el control directo del proyecto. El Banco Santander suspendió temporalmente los pagos debido a dudas sobre la trazabilidad del dinero anticipado y posibles irregularidades en las transferencias internacionales. La Autoridad de Regulación de la Contratación Pública de Senegal paralizó el contrato en octubre de 2024. El Tribunal Supremo de Senegal anuló la suspensión del contrato en febrero de 2025, pero la incertidumbre sigue. El proyecto ha conectado a unas cuarenta aldeas a la red eléctrica, pero dista mucho de las mil previstas inicialmente. El caso ha generado un debate político sobre la transparencia de los contratos públicos y la dependencia de la financiación extranjera. El exministro de Energía, Thierno Alassane Sall, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Financiera de Senegal para investigar los flujos de dinero y la legalidad del procedimiento de adjudicación.