Entre 2021 y 2023, el Ayuntamiento de Leganés, gobernado por el PSOE, cedió gratuitamente tres parcelas del sector Poza del Agua a su empresa pública EMSULE S.A.U. para construir viviendas sociales en alquiler. Sin embargo, tras un recurso contencioso-administrativo, el proyecto se paralizó y EMSULE vendió las parcelas a promotores privados, obteniendo 15,9 millones de euros. El dinero se destinó a financiar la construcción de 108 viviendas del Plan Parcial 4 'Puerta de Fuenlabrada' con la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L., que posteriormente fue declarada en concurso de acreedores en 2024. La adjudicación se firmó un mes antes de las elecciones municipales y se reconocieron pagos de más de 2 millones de euros a la constructora pese a que la obra no se ejecutó. Esto podría constituir una 'desafectación encubierta' del Patrimonio Público del Suelo, vulnerando la obligación legal de mantener el destino social y finalista de estos bienes. El caso EMSULE-Levantina pone de manifiesto un problema estructural en la administración local: la falta de control sobre el destino de los bienes del Patrimonio Público del Suelo y de las sociedades municipales.