Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez Rodríguez, han sido citadas como investigadas por presunta malversación de fondos públicos. La investigación, iniciada por VOX el 20 de enero de 2025, apunta a que Álvarez habría utilizado recursos públicos para fines privados, incluyendo la promoción de la cátedra dirigida por Gómez. Álvarez percibía 49.000 euros anuales como asistente de Gómez y fue nombrada por la Presidencia del Gobierno a petición de la esposa del presidente. El juez ha solicitado acceso a correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con la cátedra para determinar si hubo un desvío de recursos públicos. La investigación también incluye a otros imputados, como el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense Joaquín Goyache. A Begoña Gómez se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. La investigación se centra en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense y en el uso de fondos públicos para fines privados.