Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido imputada nuevamente por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se centra en su contratación en el Instituto de Empresa (IE) y en la posible utilización de su posición para abrir puertas en contratos y convenios que beneficiaron a terceros. La defensa insiste en que no existe prueba sólida, pero las pesquisas siguen avanzando y cada testimonio añade presión sobre la imputada. La condena podría ser severa y conllevar varios años de prisión. La oposición ya ha intensificado sus críticas, acusando a Sánchez de amparar una red de influencias que salpica a su entorno más cercano. El juez Peinado sigue adelante con la investigación, que cada vez apunta más alto. La esposa del presidente afronta un panorama incierto, marcado por el riesgo real de una condena que podría alterar de raíz el tablero político español. La declaración de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y también imputada, complica aún más el panorama. Álvarez se negó a testificar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. La relación entre Álvarez y Gómez se remonta a finales de los años noventa, cuando coincidieron en Inmark, una empresa dedicada a la captación de fondos. Durante casi ocho años trabajaron juntas y Álvarez se convirtió en la mano derecha de Gómez.