Tres asociaciones de jueces y fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han solicitado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no participe en la apertura del Año Judicial el 5 de septiembre en el Tribunal Supremo. El motivo es su situación procesal, ya que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Se le atribuye la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las asociaciones consideran que su presencia al lado del Rey Felipe VI y ante el Poder Judicial resultaría inaceptable y minaría la credibilidad de la Justicia. La petición se formula en un momento delicado, ya que el fiscal general ha sido cuestionado en distintas ocasiones por sus decisiones al frente del Ministerio Fiscal. La apertura del Año Judicial es uno de los actos más solemnes del calendario institucional, y las asociaciones temen que la presencia de García Ortiz desvirtúe el mensaje de unidad y respeto al sistema democrático.