La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, enfrenta un mercado inmobiliario en crisis. Las políticas del presidente Pedro Sánchez han reducido un 39% la oferta de pisos en venta desde 2019, lo que ha disparado los precios. El intervencionismo del gobierno ha generado un acoso a los propietarios, incentivando las ocupaciones ilegales y reduciendo la oferta de viviendas. La Ley de Vivienda aprobada por Sánchez ha resultado ineficaz y ha perjudicado a los propietarios. El gobierno ha anunciado medidas como la ayuda de hasta 30.000 euros para alquileres con opción a compra para menores de 35 años, pero se considera insuficiente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que la prioridad de los Presupuestos del Estado para 2026 será la vivienda, pero se espera que se restaure la protección jurídica de los propietarios y se derogue la Ley de Vivienda. La situación ha generado malestar social y se ha convertido en la primera preocupación de la mayoría de los españoles en los nueve últimos barómetros del CIS.