
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita al Tribunal Supremo que procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos. La acusación popular solicita que se practiquen dos diligencias previas, una de ellas para comprobar si en el teléfono de García Ortiz constan los teléfonos de varios periodistas y una exasesora de Moncloa. También solicita que se requiera a la fiscal jefe inspectora los tres expedientes de dación de cuenta relativos al empresario Álberto González Amador. La APIF considera que la instrucción ya está concluida y que procedería dictar auto de procedimiento abreviado a los dos investigados por los delitos de los artículos 417 y 197 del Código Penal.