
El Gobierno aprueba una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura, con un mandato de cinco años no renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año. El objetivo es reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y responder a las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. La reforma también otorga mayor autonomía funcional al Ministerio Público y establece que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. La Junta de Fiscales podrá imponer su criterio al fiscal general con una mayoría cualificada de tres quintas partes.