Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple la Constitución Española al no presentar en plazo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. El artículo 134.3 de la Carta Magna establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Murillo recuerda que no es la primera vez que se vulnera esta obligación, ya que en 2024 no se aprobaron los presupuestos y en 2025 se prorrogaron los de 2023. La prórroga presupuestaria no permite ejecutar nuevas políticas y limita la capacidad de actuación política y de decisiones políticas que impliquen gasto público. Murillo diferencia entre las dimensiones política y jurídica del problema y advierte que la prórroga no sustituye al cumplimiento del deber constitucional. La acción de gobierno es una acción de gasto público y requiere la autorización de las Cortes Generales para gastar dinero en beneficio de la comunidad.