La Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a cobrar una tasa específica por la recogida de basuras, lo que ha generado un aumento en las facturas de los hogares españoles. El plazo para implementar esta medida finalizó en abril y algunos municipios han optado por arrastrar los pies, lo que ha provocado protestas en ciudades como Cangas. La tasa puede variar dependiendo del ayuntamiento, como en Madrid, donde se ha establecido un coste medio de 141 euros para las viviendas. El IPC ha reflejado esta subida, con un aumento del 30,3% en la recogida de basura. La Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido al Gobierno que revise la ley para evitar la discrecionalidad en la aplicación de la tasa. La Ley 7/2022 establece que los ayuntamientos deben cubrir el coste real de la recogida de basuras, lo que ha generado un debate sobre quién es el responsable último de las subidas. Algunos ayuntamientos, como Alcobendas, han lanzado comunicados para informar a sus vecinos sobre la aplicación de los nuevos recibos de la basura. La Asociación de Inspectores de Hacienda Local ha advertido que sin una guía clara, se pueden generar más de 8.000 tasas de basura distintas, lo que puede generar recursos e incluso criterios diferentes en los tribunales.