
El Estado español está siendo criticado por su control sobre los ciudadanos, con un límite de 1.000 euros para pagos en metálico y un control exhaustivo de las cuentas bancarias. El gobierno de Sánchez es acusado de ser dictatorial y de haber terminado con el Estado de derecho. Los partidos de la oposición, como el PP y VOX, son llamados a actuar y a presentar un proyecto nacional nuevo y viable. La situación es considerada peor que al final del franquismo, con una falta de movilización y un silencio atronador en la calle. Un paro general de jueces y fiscales está programado para el 11 de junio en protesta por la ley Bolaños.