Jaime Gómez-Obregón, un hacker y activista por la transparencia en la contratación pública, denunció que el Gobierno de Cantabria exigía el uso de un software interno sin publicar, lo que favorecía a una empresa en particular. La denuncia llegó al Parlamento de Cantabria y provocó la aprobación de una proposición no de ley. Finalmente, el software fue publicado oficialmente. Sin embargo, la empresa afectada interpuso una querella por injurias contra Gómez-Obregón, reclamando 50.000 euros y una retractación pública. El juez inadmitió la denuncia, considerando que las publicaciones de Gómez-Obregón eran una crítica política legítima. El caso se enmarca en lo que se conoce como SLAPP, demandas estratégicas contra la participación pública. La Comisión Europea ha advertido que las SLAPP constituyen una amenaza directa a la libertad de prensa y al activismo cívico.