La operación retorno de este verano ha expuesto la desastrosa gestión de las carreteras españolas, convertidas en un peligro público por el abandono del Gobierno de Sánchez. Baches, asfalto deteriorado y señalización deficiente son la norma en muchas vías, comprometiendo la seguridad de millones de conductores y contribuyendo a accidentes mortales. El responsable directo de este desastre es Óscar Puente, ministro de Transportes, cuya ineptitud ha alcanzado cotas alarmantes. Las carreteras generan al Estado más de 30.000 millones de euros anuales, entre impuestos sobre carburantes, IVA de la compraventa de vehículos, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, peajes y multas. En 2024, más de 1.100 personas perdieron la vida en accidentes viales, muchos en carreteras secundarias en pésimo estado. El mal mantenimiento incrementa costes logísticos para el sector del transporte, afectando la economía nacional. España necesita con urgencia un ministro de Transportes competente, que destine los recursos disponibles a garantizar carreteras seguras y funcionales.