
El Gobierno ha aprobado una reforma para blindar el mandato de cinco años del fiscal general a partir de 2028, independientemente del gobierno en el poder. El objetivo es desvincular el mandato del fiscal general de la duración de una legislatura. La reforma establece que el mandato del fiscal general no sea renovable, salvo en casos excepcionales, y que el Gobierno solo pueda cesar al fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. La Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio al fiscal general con una mayoría cualificada de tres quintas partes. La reforma también implica que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasen a ser competencia del fiscal general en lugar del Gobierno. La entrada en vigor de la reforma está prevista para el 1 de enero de 2028 y afectará al fiscal que nombre el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones de 2027.