
Un nuevo reglamento de extranjería en España, promovido por el Gobierno de Sánchez, flexibiliza las condiciones para la regularización de inmigrantes, incluidos aquellos con antecedentes penales, y podría beneficiar a unas 200.000 personas en situación irregular en los próximos dos años. La nueva normativa elimina la exigencia de presentar un certificado de conocimiento de catalán y permite que las personas con antecedentes penales no queden automáticamente excluidas del proceso de regularización. La medida ha generado un intenso debate en Cataluña y el resto del país, con voces críticas que consideran que la medida podría suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.