
El Gobierno ha aprobado una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura, permitiendo que el máximo representante del Ministerio Público pueda ejercer su mandato durante cinco años. Las asociaciones de fiscales critican la propuesta, argumentando que no responde a las principales reclamaciones de la carrera fiscal, como la inclusión de un apartado específico para cesar al fiscal general del Estado en caso de ser imputado por el Tribunal Supremo. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, destacan la necesidad de otorgar al Consejo Fiscal la capacidad para informar sobre la idoneidad del candidato a la Fiscalía General del Estado y de dotar al Ministerio Público de autonomía presupuestaria para garantizar una mayor independencia respecto al Gobierno.