La huelga de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid, convocada por los sindicatos UGT, Firet y CGT, ha generado un conflicto con el Gobierno regional. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, inicialmente apoyó las reclamaciones de los trabajadores, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo contradijo, afirmando que no sabía de qué se quejaban los bomberos. Los sindicatos afirman que las retribuciones y condiciones laborales no se han actualizado desde 2008, pero el artículo señala que esto no es cierto, ya que se firmó un acuerdo en 2019 que regulaba las disposiciones específicas para el personal adscrito al Servicio BRIF. La huelga se considera un error, ya que se convocó en plena oleada de incendios, y se sugiere que los trabajadores deberían buscar el diálogo con el consejero Novillo en lugar de enfrentarse al Gobierno regional. La empresa pública TRAGSA, que contrata a los bomberos forestales, depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, y los sindicatos deberían dirigir sus reclamaciones a este ministerio en lugar de a la Comunidad de Madrid.