La decisión del juez Peinado de iniciar el procedimiento para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se siente en el banquillo de los acusados por malversación de caudales públicos ante un jurado popular, ha generado un terremoto político y mediático. El Gobierno y sus terminales mediáticas están nerviosos debido al alto porcentaje de sentencias condenatorias emitidas por los jurados populares, que asciende al 89,9% desde la entrada en vigor de la Ley del Tribunal del Jurado en mayo de 1995. La izquierda política y mediática teme que el jurado popular tenga un sesgo debido a la composición de la comunidad autónoma de Madrid, que ha votado mayoritariamente al PP y Vox en las últimas elecciones autonómicas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha mostrado su falta de respeto hacia los procedimientos de selección del Tribunal del Jurado, y la periodista Elena Herrera ha cuestionado la imparcialidad del jurado popular. En Madrid, el 55% de los votantes han apoyado al PP y Vox, lo que ha generado preocupación sobre la posible composición del jurado popular.