El Tribunal Supremo de EEUU ha escuchado los argumentos sobre la legalidad de los aranceles generalizados impuestos por Trump. La vista se centró en la emergencia nacional invocada por Trump para decretar aranceles sin pasar por el Congreso. Los magistrados se mostraron escépticos y cuestionaron si la ley de emergencia otorga al presidente un poder ilimitado para fijar aranceles. La Constitución establece que la potestad arancelaria reside en el Congreso. El caso se refiere a los aranceles anunciados en abril sobre todo el mundo, incluidos los socios comerciales de EEUU, así como los gravámenes impuestos desde febrero a las importaciones procedentes de Canadá, China y México. Trump justificó estas medidas invocando la emergencia nacional en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La jueza Amy Coney Barrett y el juez Neil Gorsuch cuestionaron la postura de Trump. La decisión podría tardar semanas o meses. Trump ha calificado el caso como uno de los más importantes en la historia del país y ha llegado a decir que un fallo en su contra sería catastrófico para la economía. Los demandantes argumentan que la ley de poderes de emergencia de 1977 que Trump utilizó ni siquiera menciona los aranceles. Los tribunales inferiores han anulado la mayor parte de los aranceles de Trump por considerarlos un uso ilegal del poder de emergencia. El Tribunal Supremo puede decidir en sentido contrario. Si finalmente pierde, Trump podría imponer aranceles amparándose en otras leyes, pero estas presentan mayores limitaciones. Las consecuencias de un fallo en su contra también podrían ser complejas, si el gobierno debe reembolsar los aranceles que, hasta septiembre, habían recaudado: 195.000 millones de dólares.