La ultraderecha europea busca limitar el derecho al aborto mediante objetores de conciencia y desinformación. En Italia, más del 60% de los ginecólogos se niegan a practicar abortos, mientras que en Croacia, 195 de 359 ginecólogos también se niegan. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a los sanitarios objetores de conciencia y se negó a cumplir con la ley que obliga a las Comunidades a tener un registro de médicos que se niegan a practicar abortos. El informe de Amnistía Internacional señala que 12 países imponen plazos de espera obligatoria sin justificación médica y 13 imponen asesoramiento obligatorio. Hungría ha introducido nuevas barreras para acceder al aborto y la anticoncepción, y Turquía obliga a las mujeres casadas a obtener el consentimiento de su pareja para abortar dentro del plazo de 10 semanas.