La reforma legal pactada entre el Gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a tener servicios de atención a la clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado se examinará en el Congreso. El acuerdo se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que ya ha superado tres reuniones en fase de ponencia y ahora pasará a examinarse en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo el 29 de octubre. La reforma obliga a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés generales a tener atención a clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado, pero solo en las comunidades autónomas bilingües. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy ha introducido una modificación para acotar la medida y que sólo sea efectiva en las comunidades autónomas bilingües. Se espera que se introduzca una enmienda para prohibir las llamadas spam y se declare nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas. También se pretende obligar a las empresas a comunicar con quince días de antelación la fecha de renovación automática de un servicio o suscripción y a facilitar la baja voluntaria. La medida tiene como objetivo proteger los derechos lingüísticos de la clientela y garantizar la transparencia en la atención a la clientela.