La Generalitat Valenciana ha decidido implementar medidas para prevenir la ocupación ilegal de viviendas públicas. A través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), se han licitado la instalación de 300 alarmas individuales con conexión directa a la Policía para proteger el parque público de viviendas. El objetivo es frenar los asaltos y entregar las viviendas a familias que cumplen la ley. La inversión supera el millón de euros (1.049.070 €) y el contrato tendrá una duración de cuatro años. Las alarmas se repartirán por toda la Comunitat Valenciana: 150 en Alicante y otras 150 entre Valencia y Castellón. La Generalitat también ha anunciado un plan de 'tolerancia cero' contra la ocupación ilegal, que incluye puertas antivandálicas, cámaras de seguridad y vigilancia privada en los bloques más conflictivos. La directora general de la EVha, Estefanía Martínez, ha confirmado que los nuevos dispositivos 'suponen un refuerzo sustancial en la prevención de asaltos'.