La Fundación Amancio Ortega construyó y donó una residencia de ancianos en Santiago de Compostela a la Xunta de Galicia. La Xunta solicitó las licencias urbanísticas, pero no pagó las tasas correspondientes, que ascendían a 396.000 euros. La fundación asumió el pago de estas tasas y también de un recargo de demora de 62.000 euros. Sin embargo, la fundación presentó un recurso contra este recargo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consideró que no se le podía imponer, ya que no fue responsable de la demora. La sentencia se basó en dos convenios firmados entre la Xunta y la fundación, en 2019 y 2021, que establecían las condiciones para la construcción de la residencia. La Xunta debía proporcionar los terrenos libres de gravámenes y cargas administrativas, pero no se mencionaba quién debía pagar las tasas. La fundación efectuó el pago de las tasas y el recargo en septiembre de 2021, después de que el Ayuntamiento de Santiago le informara de que no se habían pagado los impuestos.