Baleares enfrenta una crisis migratoria sin precedentes debido a la llegada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Argelia. El Govern balear denuncia sentirse desamparado y critica la falta de comunicación con el Estado central. La situación es especialmente grave con los menores no acompañados, que superan en un 1.000% la capacidad de acogida de Baleares. Desde 2022, el número de menores no acompañados se ha multiplicado por cuatro, aumentando la presión sobre los servicios públicos locales. Formentera ya ha invertido más de 4 millones de euros este año, mientras que el Gobierno central solo comprometió 2 millones para toda Baleares. El Govern balear recurrirá el Real Decreto Ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional, argumentando invasión de competencias y vulneración de derechos. La presión inmigratoria tensiona todos los recursos sociales y pone en riesgo la atención educativa y psicológica que estos menores necesitan urgentemente. Manuel Pavón, director de inmigración, destaca que Baleares solo tiene competencias en integración y adaptación social de los migrantes, y que la comunicación con Madrid es prácticamente inexistente.