Desde que Pedro Sánchez gobierna, España ha empeorado en el ranking de corrupción institucional, pasando del puesto 23 al 14, con un crecimiento del 178% en los últimos cinco años. La corrupción ha llevado a una degradación del 34% en la eficiencia regulatoria, control institucional y estabilidad institucional, alejándonos de la media europea. La Comisión Europea ha alertado sobre el aumento de la corrupción durante el mandato de Sánchez. La corrupción ha tenido un alto coste social y político, y también económico, impidiendo el desarrollo y perjudicando a los ciudadanos. La falta de confianza y la inseguridad jurídica han disuadido a los inversores, descendiendo un 45% la inversión extranjera. La innovación también se ha visto afectada, con una caída en la inversión en I+D+i y una concentración en un pequeño grupo de firmas. El gasto público ha aumentado de forma exponencial, llevando a un crecimiento exponencial de la deuda pública, que ya hipoteca a las próximas cinco generaciones de españoles. La corrupción ha tenido consecuencias negativas en la creación de empleo, con apenas 50.000 puestos de trabajo generados en siete años, y una tasa de paro superior al 10%. El crecimiento económico se ha resentido, pudiendo restar entre medio punto y cuatro puntos del PIB, lo que representaría pérdidas de 8.000 millones de euros y 20.000 empleos.