El acuerdo entre Junts y el PSOE para obligar a las empresas españolas a atender en catalán a sus clientes está siendo cuestionado por juristas y expertos. José Domingo, letrado de la Administración de la Seguridad Social, califica la medida como un "auténtico disparate" que busca "imponer un régimen lingüístico coactivo". La medida impone costes desproporcionados y vulnera derechos fundamentales, según los expertos. Pablo Nuevo, profesor en la Universidad CEU Fernando III, subraya que "imponer a las empresas la obligación de atender en catalán es inconstitucional". La Constitución únicamente contempla el deber de conocimiento del castellano, y la cooficialidad de otras lenguas solo rige en su respectivo ámbito territorial. Esaú Alarcón, socio de Gibernau, desmonta el argumento del derecho del consumidor, afirmando que la imposición de lenguas regionales como el catalán solo está prevista en las relaciones con las administraciones públicas. Juan Ignacio Fuster-Fabra, socio de Fuster-Fabra Abogados, opina que la promoción de las lenguas cooficiales es un objetivo legítimo, pero no puede alcanzarse a costa de lesionar derechos fundamentales. Raúl Cartié Casabón, asociado de RSGM Abogados, recurre a la jurisprudencia y cita al Tribunal Constitucional, que estableció que el deber de disponibilidad lingüística "no puede significar la imposición" a las empresas de "obligaciones individuales de uso" en las relaciones privadas.